Estamos asistiendo a un injustificado y sorpresivo incremento en el valor del gas natural comprimido (GNC) en diversas regiones de nuestro país. Las noticias que nos llegan desde algunas provincias del interior hablan de modificaciones discrecionales por parte de determinadas estaciones de servicio.

   Los diferentes costos que se manejan en cada provincia, así como la crisis de rentabilidad que afecta al sector expendedor, la falta de regulación estatal y una política oficial errática en materia de combustibles, explicarían las diferencias de precios acontecidas respecto al GNC. Sin embargo, existe un actor usualmente ignorado a la hora de fijar los valores de venta: el usuario.

   Ese mismo consumidor que eligió el combustible gaseoso, y sigue haciéndolo, por tratarse de una fuente de energía económica y segura frente a los carburantes líquidos tradicionales, ve variar el costo en surtidor sin explicación alguna por parte de las autoridades competentes. La gravedad de esta situación es que se produce en un contexto con tendencias inflacionarias que impacta directamente sobre el poder adquisitivo de la población en general, y los trabajadores en particular.

   Una pata del conflicto tiene que ver con la problemática que enfrentan las estaciones de servicio en nuestro país ante la distorsión del equilibrio natural de precios de los combustibles líquidos y gaseosos, lo cual hace que muchos expendedores deban cargar al GNC los costos producidos por la falta de rentabilidad de las naftas y el gasoil. De esta forma, el gas vehicular, que mantiene aceptables niveles de  rentabilidad, termina “subsidiando” injustamente a sus pares líquidos.

   Como si fuera poco, estas últimas semanas el Gobierno Nacional manifestó al sector estacionero su deseo de rebajar aún más el valor de las naftas y el gasoil, a contramano de las variaciones que acontecen día a día en el mercado petrolero internacional. Las presiones oficiales han generado gran resistencia en los dueños y empleados de las bocas de expendio, que ya han visto cerrar sus puertas a casi 3.000 comercios en el último tiempo.

   Se entiende que el Gobierno pretenda cuidar el bolsillo de los consumidores de los carburantes líquidos, que son una importante mayoría en nuestro país. Sin embargo, cabe preguntarse si puede hacerlo a costa de la subsistencia de miles de pequeñas y medianas empresas nacionales como las estaciones de servicio blancas y las que mantienen contratos con las petroleras, dejando sin trabajo a muchísimas familias y concentrando el mercado expendedor en pocas manos.

   También debemos preguntarnos si no resultaría más conveniente, dada la tecnología aplicada al GNC desarrollada por la industria argentina, diseñar un ambicioso plan de reconversión de la matriz de combustibles nacional al gas natural, ahorrándonos así importantes sumas de dinero en subsidios al transporte, defendiendo el poder adquisitivo de los ciudadanos, restituyendo el equilibrio natural de precios de todos los carburantes y recomponiendo la rentabilidad de la actividad expendedora.