por Anahí Verónica Martín (Directora de Administración de Recursos Humanos – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – República Argentina)
En los últimos años asistimos a un escenario de paulatino control del ejercicio público, poniendo de relieve valores como el ejercicio racional de los recursos públicos y, el compromiso de garantizar estándares altos de transparencia en la función pública.
Asimismo, el control público, intenta promover el desarrollo de una Democracia plena, en donde se respeten no solo los elementos Poliárquicos, en términos de Dahl sino el componente liberal que todo régimen Democrático debería desarrollar.
En este sentido, se comenzó a implementar un nuevo abordaje de la cuestión pública centrada en el ciudadano, a fin de garantizar una mejora en la oferta de servicios, promover su acceso, transparentar los actos de gobierno y facilitar el proceso de rendición de cuentas. Esto implica una transformación estructural y cultural al interior de las administraciones públicas que se traducen en una diferenciación del ejercicio de la Democracia.
Por su parte, este nuevo abordaje posibilita la implementación de nuevas tecnologías que revolucionen el intercambio y la colaboración entre todos los sectores y en todos los niveles de gobierno (nacional, regional o municipal), el cual potencia la noción paradigmática de apertura al conjunto de la sociedad con el objetivo de establecer un Gobierno Abierto y una Ciudadanía Activa.
Para este proceso, se contempla el compromiso ciudadano y asegurar por parte del aparato estatal, la accesibilidad para todos los sectores o grupos de la sociedad.
A partir del Decreto 434 de 2016, el Estado Nacional coloca como objetivo fundamental, avanzar en una Administración Pública al servicio del ciudadano, promoviendo un Estado sólido, moderno y eficiente, con la conformación de equipos técnicos altamente calificados y profesionalizados, a fin de brindar soluciones y resultados a la sociedad, en el marco del respeto por los valores éticos, de transparencia y rendición de cuentas, haciendo hincapié en la transparencia, el Estado intenta asegurar a cada ciudadano el conocimiento de las acciones de gobierno los cuales se desarrollan en el Plan de Modernización del Estado impulsado por la actual gestión.
El contexto actual, parte de la premisa que la mejor manera de buscar soluciones globales, no es realizar simplemente la consulta a expertos que diseñen un plan de acción a implementar, sino realizar la apertura al interrogante a un mayor número de gente, que se encuentren motivadas a ofrecer diversos puntos de vista, ideas y aportes. Este rediseño de políticas abiertas, plantea repensar las organizaciones y dinamizar sus estructuras hacia la apertura, la participación y la colaboración de la ciudadanía, estimulando la creatividad y la búsqueda de soluciones innovadoras al conjunto total de la sociedad. Estas prácticas se apoyan en el uso de las tecnologías para poder escalar y multiplicarse, en particular, en todas las herramientas colaborativas.
Por su parte, de acuerdo con Oscar Oszlak, consideramos que el gobierno abierto “entraña una relación de doble vía entre ciudadanía y Estado, posibilitada por la disponibilidad y aplicación de TIC (Tecnologías de la Información y el Conocimiento) que facilitan múltiples interacciones entre actores sociales y estatales, y se traducen en vínculos más transparentes, participativos y colaborativos”.
En este sentido, el gobierno abierto es un nuevo paradigma cuyos principios se basan en la transparencia y la rendición de cuentas, participación y colaboración que permite cambiar la relación entre la ciudadanía y el Estado, en diferenciación con los preexistentes modelos de gestión pública.
La transparenciahace referencia a un Estado que debe informar sobre las decisiones y acciones gubernamentales de forma completa, abierta, oportuna, de fácil acceso y gratuita. Por su parte, la transparencia de los actos de gobierno fomenta y promueve la rendición de cuentas de la
administración pública ante la ciudadanía y un permanente control social, la cual supone la existencia de normativa, procedimientos y mecanismos para que los funcionarios públicos justifiquen sus acciones, respondan a requerimientos o críticas que se planteen, asumiendo la responsabilidad de sus actos.
En cuanto al elemento participativo, el mismo alude a la creación de espacios de encuentro entre Estado y sociedad civil que favorezcan el protagonismo e implicancia de los ciudadanos en los asuntos públicos. En este sentido, los gobiernos deben lograr, conjuntamente a la apertura de la información, que la ciudadanía se interese e involucre en el debate público, garantizando para ello diversos canales de consulta y participación, que fomenten el derecho de la ciudadanía en la participación de la formulación de políticas públicas.
Ahora bien, esta conceptualización de Gobierno Abierto, remite a la idea de garantizar la efectividad de la ley en un territorio. Esta efectividad, se basa en la expectativa compartida, de que dicha legalidad será impuesta por una autoridad central o Estado Nacional, con competencias para ello.
En relación a esto, la ciudadanía no se circunscribe estrictamente a lo político, sino que la ciudadanía se encuentra presente cuando por ejemplo se dirige a un organismo público legalmente competente, del que espera un trato justo y que atienda sus necesidades y demandas.
Como señala Guillermo O´Donnell, “… esta dimensión pública de las relaciones privadas (o sea, esta texturización de esas relaciones por el estado-en-tanto-ley) es violada cuando, por ejemplo, a un campesino se le niega de facto el acceso a los tribunales para pleitear contra un terrateniente. Este derecho “privado” no debe considerarse menos constitutivo de la ciudadanía que el derecho “público” de votar sin coacción”.
Asimismo, la apertura del Estado a la ciudadanía no se circunscribe únicamente a las necesidades de acceder a los canales institucionales para trámites o gestiones de carácter individual. El desarrollo de la actividad económica se ve igualmente atravesado por el beneficio de la implementación de las TIC´s.
En este sentido, trámites de inscripción, representación, y seguimiento de solicitudes, entre otras, que antes requerían apersonarse en las oficinas estatales, hoy pueden efectuarse sin inconvenientes desde una computadora.
Los Trámites a Distancia (TAD), colabora con el alcance equitativo en términos geográficos y de servicios al conjunto de la ciudadanía que requiera de los servicios del Estado.
Por su parte, la variedad de trámites que la implementación de la nueva tecnología incorpora, favorece en la calidad de los servicios ofrecidos, el tiempo requerido y la eficiencia en los resultados.
Empero, aún restan añadir gestiones de consumo no tan masivos, en términos cuantitativos, pero que de igual forma requieren la participación y gestión de los canales institucionales del Estado.
El registro de los Talleres de Montajes habilitados (TdM), centralizados por el ENARGAS, y los datos estadísticos de operaciones en torno a la implementación del Gas Natural Comprimido, permite un aproximamiento en el rol de un estado presente, activo y abierto a la ciudadanía, permitiendo el acceso a la información pública, de datos claves para el sector.
Sin embargo, resta aún incorporar gestiones que pudieran realizarse a través de la implementación de las nuevas tecnologías y los TAD, y que asimismo, favorecería en el impacto y calidad de los servicios ofrecidos al sector. El contexto, la modernización del estado y la necesidad ciudadana, sin dudas favorece en ese camino.
